Cierran familias desplazadas la FGE en Ayutla e impiden que se lleven a un detenido
Belén Díaz Pérez, denunció que fue detenido Plutarco Santana, a quien acusan de los delitos de secuestro y homicidio en agravio del empresario Homero Montúfar ocurrido hace más de 15 años en el municipio de Coyuca de Catalán
Jesús Guerrero. Chilpancingo, 4 de febrero 2026
Familias desplazadas por la violencia cerraron las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ayutla de los Libres para impedir el traslado de uno de sus parientes a quien, aseguran, lo están acusando de dos delitos graves que cuando ocurrieron él tenía 11 años de edad.
Los manifestantes que desde el 2012 viven en las comunidades de Tepango y La Unión, del municipio de Ayutla, donde fueron llevados por el gobierno por la situación de violencia que vivían en La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán, denunciaron que a las 8 de la mañana de este miércoles agentes de la Policía Ministerial detuvieron a Plutarco Santana Mederos, cuando se dirigía a su trabajo en una carpintería en Ayutla.
“Yo no puedo hacer nada, dejen hablar para ver que puedo hacer”, les decía detrás de una ventana de una puerta un agente de la FGE a los manifestantes.
“Aquí vamos a estar el tiempo que sea necesario hasta que nos entreguen a nuestro compañero que fue detenido en forma ilegal ya que él no cometió ningún delito”, se escuchó la voz de una mujer durante la protesta.
En entrevista telefónica, Belén Díaz Pérez, señaló que a Plutarco Santana lo acusan de los delitos de secuestro y homicidio en agravio del empresario Homero Montúfar ocurrido hace más de 15 años en el municipio de Coyuca de Catalán.
“Plutarco Santana era un niño pues tenía 11 años de edad cuando ocurrieron esos hechos y era imposible que él anduviera con un arma”, dijo Belén Díaz.
La mujer dijo que no quieren que Plutarco Santana sea llevado a un reclusorio porque lo pueden matar los mismos internos como ocurrió con su primo hermano, Joel Santana Villa, quien fue detenido en octubre del 2011 también por delitos que no cometió y en diciembre de ese mismo año fue envenenado en el penal de Iguala.
“El gobierno tiene la culpa de que estemos lejos de nuestros pueblos porque no pudo detener a la delincuencia allá en la comunidad de La Laguna y ahora quieren meter a la cárcel a uno de nosotros sin que tenga culpa”, dijo Belén Díaz.
Las 20 familias desplazadas por la violencia de la Sierra de Coyuca de Catalán, viven en Tepango y La Unión en casas de madera, techo de lámina de cartón, y desde el 2013 que es cuando el gobierno las llevó a ese lugar, han denunciado que carecen de servicios públicos y además del acoso de los grupos del crimen organizado.
“Plutarco era un niño cuando lo trajimos aquí a vivir en Ayutla y ahora el gobierno lo quiere meter preso”, dijo Belén Díaz.
El desplazamiento forzado de las familias ocurrió luego de que el 28 de noviembre del 2012, un grupo de individuos armados que pertenecen a una organización de la delincuencia organizada irrumpieron en la localidad de La Laguna y asesinaron a balazos a la activista ambiental Juventina Villa y a su hijo de 10 años, Rey Santana.
En el 2011, Rafael Santana, esposo de Juventina, y otros hermanos de él, fueron asesinados a tiros por el mismo grupo criminal.
A Rafael Santana, el gobierno lo ubicaba como integrante del grupo guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
“El gobierno coludido con la delincuencia han sido los responsables de todo lo que nos está pasando”, dijo Belén Díaz.
A la protesta de las familias desplazadas se sumaron integrantes de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
