Envía Evelyn al Congreso paquete de reformas para fortalecer combate a la extorsión
Las reformas planteadas por la gobernadora buscan cerrar vacíos legales y reforzar la actuación del estado ante el delito de extorsión
Itzel Urieta. Chilpancingo, 10 de diciembre 2025
La gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, envió al Congreso local cuatro iniciativas de reforma para fortalecer el marco legal contra la extorsión y armonizar las leyes estatales con las federales, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Las propuestas, notificadas al pleno por la Mesa Directiva en la sesión de este martes, fueron turnadas a comisiones para su análisis y dictaminación.
De acuerdo con fuentes legislativas, debido a su carácter de urgente por parte de la federación, podrían ser aprobadas en la sesión de este miércoles.
El paquete de reformas enviado por la mandataria estatal incluye modificaciones al Código Penal, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública y la Ley 847 de Ejecución Penal del Estado. Todas tienen como objetivo “cerrar vacíos legales” a las disposiciones vinculadas al delito de extorsión.
En la iniciativa más amplia, Salgado Pineda propone tipificar las conductas que faciliten o encubran actos de extorsión desde los Centros de Reinserción Social, tanto por parte de internos como de personal penitenciario, y prohíbe expresamente el uso o introducción de dispositivos de comunicación no autorizados. También busca facultar a los centros para inhibir llamadas telefónicas desde su interior.
Otra propuesta contempla la incorporación de la Política Estatal para la Prevención y Combate a la Extorsión, con la que se formalizarán programas e instituciones dedicadas a enfrentar este delito.
Plantea la derogación de artículos del Código Penal estatal, dado que la extorsión será considerada un delito de competencia federal conforme a la nueva ley general en la materia.
La gobernadora propone ajustar atribuciones institucionales en la Ley Orgánica de la Administración Pública para reforzar la coordinación en la atención de este delito.
