Exigen desplazados por la violencia al gobierno cumplir con recomendación de la CNDH
La recomendación emitida en el 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) establece su reubicación, medidas de seguridad y reparación integral de daños para las familias desplazadas por la violencia de los municipios de Leonardo Bravo, Zitlala y Heliodoro Castillo
Jesús Guerrero. Chilpancingo, 4 de agosto 2025
Familias desplazadas por la violencia de los municipios de Leonardo Bravo, Zitlala y Heliodoro Castillo pidieron a las autoridades del gobierno del estado que cumpla con la recomendación emitida en el 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que establece su reubicación, medidas de seguridad y reparación integral de daños.
En el 2018, las 171 personas entre adultos, jóvenes y niños fueron obligados a salirse de sus comunidades por integrantes de distintos grupos de crimen organizado quienes se adueñaron de sus casas, terrenos y huertas.
Un grupo de familias de Filo de Caballos, El Palmar, Campo de Aviación y Los Morros, del municipio de Leonardo Bravo, así como de Izotepec y Polixtepec, del municipio de Heliodoro Castillo luego de abandonar sus comunidades se refugiaron en la localidad de Chichihualco.
En Chichihualco que está ubicada a 40 minutos de Chilpancingo y que es cabecera del municipio de Leonardo Bravo, las familias desplazadas fueron alojadas pero siempre bajo el acoso de la delincuencia.
A este grupo se unieron las familias desplazadas del municipio de Zitlala en ese mismo año.
Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos”, afirmó que desde noviembre del 2023 en que salió la recomendación de la CNDH, el gobierno estatal sigue sin cumplirla.
“Las 171 personas desplazadas ya no viven en Guerrero se fueron a Morelos, otros al Estado de México y a la Ciudad de México esperando que el gobierno los atienda”, dijo la activista Teodomira Rosales.
En septiembre del 2022, las víctimas por desplazamiento fueron visitadas en Chichihualco por la Relatora sobre Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Cecilia Jiménez-Damary a quien le relataron su situación.
Un año después de la presencia de la enviada de la ONU a Guerrero, en noviembre del 2023, la CNDH, emitió una recomendación al gobierno estatal que según Teodomira Rosales, en ninguno de sus puntos ha sido acatada.
Este lunes entre 30 y 40 personas desplazadas junto con Teodomira tuvieron una reunión con el Subsecretario de Asuntos Políticos y Sociales, Francisco Rodríguez Cisneros a quien le dijeron que si el gobierno no quiere comprar un predio de dos hectáreas en Morelos para que las víctimas puedan construir sus viviendas que por lo menos les garanticen la entrega de la despensa y el incremento del apoyo económico mensual además de las medidas de seguridad.
“Ya buscamos el predio y hablamos con el dueño quien está de acuerdo en la compra pero es necesario que el gobierno estatal acepte”, dijo Teodomira Rosales.
“La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que en el país todos tendrán casa entonces por qué a las familias desplazadas por la violencia les niega ese derecho?”, preguntó la activista.
La reunión que se desarrolló en las oficinas de Palacio de Gobierno, donde Francisco Rodríguez les dijo a las familias desplazadas que se va a programar una reunión interinstitucional en donde esté el gobierno federal para llegar a una serie de acuerdos.
“La gente que vino a Chilpancingo gastando de su dinero para sus pasajes ya acordó que si en la próxima semana no hay ninguna respuesta de las autoridades vamos a cerrar el Palacio de Gobierno porque no es justo lo que le están haciendo las familias que lo perdieron todo porque los grupos criminales que protege el gobierno los sacó de sus pueblos”, advirtió Teodomira Rosales.