Exige colectivo audiencia urgente con la gobernadora por omisiones de Servicios Periciales
Las madres buscadoras denunciaron rezago forense, falta de personal y revictimización por parte de la FGE, además exigieron recursos, coordinación y un plan de trabajo claro en la búsqueda de desaparecidos
Itzel Urieta. Chilpancingo, 3 de julio 2025
El Colectivo Guerrero No + Desaparecidos exigió este miércoles una audiencia urgente con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para exponer lo que calificaron como un “grave abandono institucional” por parte de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes acusaron de entorpecer las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el estado.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, el colectivo denunció que a más de un mes del inicio de excavaciones en un sitio ubicado sobre la carretera vieja a Zumpango, la FGE no ha entregado el plan de trabajo correspondiente.
Señalaron que esta omisión ha provocado afectaciones emocionales, psicológicas y económicas a las familias buscadoras, quienes acusan revictimización por parte de las autoridades.
“Nuestro estado enfrenta un rezago grave en materia de identificación humana, situación que requiere de voluntad política, recursos humanos, económicos y materiales, profesionalización y sobre todo, sensibilidad ante el dolor de quienes buscamos incansablemente a nuestras hijas, hijos, madres, padres, hermanos, hermanas, esposas y esposos desaparecidos”, dijo Betzy Munivez Mayo, integrante del colectivo.
Mencionaron que el coordinador de Servicios Periciales de la FGE, Héctor Ramírez Chávez, no presenta metas claras ni una logística definida, a pesar de que él mismo ha reconocido en reuniones interinstitucionales que operan con dichos planes.
Precisaron que por falta de herramientas, equipo y personal especializado como antropólogos forenses, no han retomado las actividades de búsqueda.
Otra de sus demandas, es la falta de herramientas básicas para continuar las excavaciones y la desorganización institucional. Aseguraron que han sido ellas, las madres buscadoras, con sus propios medios, quienes encabezan y organizan las búsquedas y en muchos casos han localizado restos.
Reprocharon que las omisiones de la FGE que violan el Protocolo Homologado de Búsqueda y diversas leyes nacionales e internacionales que obligan al estado a garantizar búsquedas con enfoque diferencial, debida diligencia y participación activa de las víctimas.
Pidieron el fortalecimiento inmediato de la unidad canina, que dijeron, precisaron que es la única instancia que trabaja con efectividad y sensibilidad.
Exigieron el cese de prácticas institucionales que revictimizan a las familias, como la indiferencia, la falta de coordinación y el incumplimiento de obligaciones mínimas.
El colectivo señaló que se está obstaculizando el derecho a la verdad, “ya no hay tiempo para improvisaciones ni simulaciones. La coordinación interinstitucional no es un favor, es una obligación del estado”.
También llamaron al fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, a asumir su responsabilidad ante la falta de personal, materiales, coordinación y logística en los Servicios Periciales.
El colectivo fundamentó su exigencia en diversos marcos legales, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Protocolo Homologado de Búsqueda y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra las Desapariciones Forzadas.
Desde el 28 de mayo, las madres buscadoras han trabajado en esa zona con sus propios medios. Informaron que localizaron restos de al menos tres personas, además de prendas de vestir, botas tácticas y otros indicios que sugieren la presencia de más restos en el sitio. Aseguraron que la búsqueda no concluirá hasta descartar por completo que no haya más hallazgos.
