Se ampara Abelina tras denuncia por no comprobar 898 mdp; acusa persecución
Varios morenistas aseguran que las acciones contra la alcaldesa no son una persecución sino un tema meramente administrativo
Itzel Urieta. Chilpancingo, 6 de junio 2024
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez confirmó que promovió un juicio de amparo luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó una denuncia penal en su contra por no comprobar 898 millones de pesos de presupuesto federal, destinado a obras públicas durante ejercicio fiscal 2023.
López Rodríguez acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que sea la ASE sea el órgano que revise las finanzas municipales, en este caso por 898 millones de pesos de presupuesto federal, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), popularmente conocido como el Ramo 33.
A través de una controversia constitucional en la SCJN, la alcaldesa argumenta que la auditoría estatal no tiene competencia para revisar el manejo de recursos federales entregados al municipio y, que sólo le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, ordenó registrar el expediente con el número 174/2025, el cual fue turnado al ministro Javier Laynez, quien deberá estudiar las cuestiones de fondo y emitir un proyecto de resolución.
En su acuerdo, la ministra ordenó clasificar el asunto como de tramitación urgente para que sea la actual conformación de la Corte la que dicte la sentencia y no los nuevos ministros que entrarán en funciones el 1 de septiembre próximo.
Nada que esconder, asegura López Rodríguez
En declaraciones a medios este jueves, la edil defendió su actuación y aseguró que no tiene “nada que esconder”.
“Estoy libre de todo, la ASF (Auditoría Superior del Estado) ya recibió toda la información. La auditoría estatal no tiene por qué meterse. El artículo 79 de la Constitución lo establece muy claro”, afirmó López Rodríguez.
La alcaldesa negó la notificación de la denuncia penal interpuesta por la ASE, que de acuerdo con fuentes de dicho órgano, se interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado martes, por el delito de “ejercicio ilícito del servicio público y lo que resulte”.
“No he recibido nada, pero me amparé porque en Guerrero todo se puede”, dijo López Rodríguez al respecto.
Fue en medio de este conflicto legal, el Ayuntamiento de Acapulco promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que busca frenar las acciones legales de la ASE.
La controversia fue presentada por el síndico procurador Miguel Jaimes Ramos, quien acusa una “invasión de competencias” por parte de la ASE.
López Rodríguez reiteró que está dispuesta a colaborar con las instancias competentes, pero remarcó que la fiscalización estatal no aplica en este caso porque el presupuesto en cuestión, es decir los 898 millones es dinero federal, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, popularmente conocido como el Ramo 33.
“Pareciera ser que en Guerrero no hay letras. No puede haber dos auditorías. El recurso, llámese FORTAMUN, Ramo 33 o gasto federalizado, corresponde únicamente y exclusivamente a la ASF”, dijo la alcaldesa.
Al ser cuestionada sobre si considera que existe una persecución política, la alcaldesa respondió: “Lo demás es Guerrero negro”, sin decir explicar a qué se refirió.
Hasta el momento, la ASE no ha emitido una postura pública sobre la controversia constitucional ni sobre los detalles de la denuncia penal, por su parte, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la ASE acordó realizar una mesa de trabajo con su titular, Marcos César Paris Peralta Hidalgo, para aclarar el conflicto que dicho órgano fiscalizador mantienen con la alcaldesa.
En un breve comunicado, el Congreso del Estado indicó que: “Las y los legisladores abordaron la situación del Ayuntamiento de Acapulco en el marco del cierre del informe individual de la cuenta pública 2023 y destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los entes fiscalizables. Como acuerdo principal, se estableció la realización de una mesa de trabajo con el auditor Superior del Estado, Marcos César Paris Peralta, para dar seguimiento a este tema”.
