Inicia Congreso trámite de juicio político contra Abelina y síndica por un laudo laboral
En caso de que el juicio político proceda, la alcaldesa y de la síndica, podrían ser destituidas de sus cargos, además de posibles inhabilitaciones para ocupar cargos públicos en el futuro
Itzel Urieta. Chilpancingo, 10 de abril 2025.
El Congreso del Estado de Guerrero inició el procedimiento legislativo para un posible juicio político contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez y la síndica procuradora Estrella de la Paz Bernal, ambas integrantes del partido Morena.
Este procedimiento responde al presunto incumplimiento del pago de un laudo laboral dictado en favor de dos extrabajadores del Ayuntamiento despedidos desde el año 2006.
La solicitud fue presentada formalmente por la ciudadana Cesiah Tapia Hinojosa, apoderada legal de los ex trabajadores Samuel Díaz Espinoza y Emiliano Medina Lozano, para obtener la compensación que les fue reconocida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
El documento fue recibido por la Mesa Directiva del Congreso y notificado al pleno durante la sesión de ayer.
En el, se solicita la apertura de un juicio de responsabilidad política contra las funcionarias municipales, con el argumento de que incurrieron en una violación directa a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Guerrero, específicamente los artículos 2, 3, 4 y 105 fracción I.
Tras su recepción, la solicitud fue turnada a la Comisión de Examen Previo, órgano legislativo que se encargará de analizar el caso y dictaminar si existen elementos suficientes para continuar con el juicio político contra López Rodríguez y De la Paz Bernal.
El pasado 1 de abril, en una conferencia de prensa, los abogados Tapia Hinojosa y Mardonio Ramírez García, anunciaron la intención de recurrir al Congreso local para exigir una resolución ante la negativa reiterada de las autoridades municipales a pagar el laudo laboral.
En dicha conferencia los abogado mencionaron que desde 2012, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje ordeneró el pago de más de dos millones de pesos a favor de los trabajadores despedidos, hasta el momento no han cumplido el fallo.
En caso de que el juicio político proceda, la alcaldesa y de la síndica, podrían ser destituidas de sus cargos, además de posibles inhabilitaciones para ocupar cargos públicos en el futuro.
